EXCELSIOR. 18-JULIO-2011
Seis millones de nuevos pobres
Nadie puede sostener hoy que el rescate social de México no es la mayor emergencia nacional.
Mario Luis Fuentes*
No hay ni podrá haber un proyecto de civilidad democrática en una sociedad en la que la prácticamente la mitad de sus habitantes son pobres y, peor aún, en donde la mayor parte de la riqueza se concentra en los dos deciles de mayor capacidad de ingresos. Penosamente, este es el panorama que nos revela la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2010), en la cual se consigna la fuerte caída en los niveles de ingresos de las familias mexicanas entre 2008 y 2010.
Los resultados de la Encuesta comprueban además que un país puede crecer en su producto interno bruto (PIB), pero que las condiciones que permiten la reproducción de la desigualdad y de los perversos círculos de la pobreza pueden mantenerse intactos.
La medición de las condiciones socioeconómicas y el cálculo oficial sobre el número de pobres los dará a conocer el Coneval a finales de este mes; empero, es urgente, ya, construir la plataforma que muchos hemos propuesto para debatir con seriedad sobre las reformas necesarias que permitan revertir las oprobiosas condiciones sociales que privan en nuestro país.
Ya ha habido interesantes ejercicios promovidos por distintas instancias, entre ellas, la UNAM y la Universidad de Guanajuato, desde las cuales llevamos a cabo en 2010 los Diálogos del Bicentenario por un México Social y en los cuales se vertieron sugerentes propuestas de cambio en los ámbitos de la educación, de la salud, de las políticas económica y fiscal y de las políticas de combate a la pobreza.
Ante la evidencia con que contamos, nadie puede sostener hoy que el rescate social de México no es la mayor emergencia nacional. Menos aún los gobiernos, tanto el Federal como los estatales, pueden continuar asumiendo que las políticas vigentes son eficaces.
Desde mi perspectiva, el primer paso que debe darse es reconocer, por parte de todas las fuerzas y grupos políticos, que el modelo económico no da para más; que las instituciones están desbordadas y requieren una profunda reforma y rearticulación orgánica y funcional, y que el marco jurídico para la protección de los derechos sociales debe ser reformado para darle coherencia interna e incorporar nuevas disposiciones que fortalezcan a las instituciones en su capacidad de cumplir con el mandato jurídico que tienen.
Se agotó el tiempo de esta administración para diseñar medidas de mayor eficacia con miras a reducir drásticamente la indignante desigualdad en que vivimos, y para erradicar el hambre y la miseria que campean por todo el territorio. Pero lo que sí puede hacer todavía la administración del presidente Calderón, es convocar a las mentes más lúcidas pero, sobre todo, con la autoridad moral suficiente para construir un método que nos permita extraer propuestas en el menor tiempo posible y avanzar en la generación y promoción de los acuerdos requeridos para reconstruir el pacto social.
No podemos, y no debemos contentarnos con el discurso del “no hay nada que hacer” o relativo a que son las “fuerzas del mercado” las que nos han colocado en esta situación.
Debemos reconocer que detrás de la pobreza existen intrincadas relaciones de poder, de abuso, de explotación y, sobre todo, que el mayor responsable de eso es el Estado, y que es a sus instituciones a las que les corresponde transformar a México en una verdadera República social.
*Director del CEIDAS, A. C.
